ATE rechazo la suspensión del nuevo IPC y denuncia injerencia política en el INDEC

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) calificó la medida como un «freno a la transparencia» y advirtió que la falta de actualización salarial por inflación agrava la pérdida del poder adquisitivo de los estatales.

BUENOS AIRES (4 de febrero de 2026) – En un clima de creciente tensión gremial, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) manifestó su firme rechazo a la decisión del Gobierno Nacional de suspender la puesta en marcha del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC). Desde el sindicato denunciaron que no existen argumentos técnicos para tal postergación, sino una clara intención política de «ocultar la realidad inflacionaria». 

Denuncia por injerencia en el INDEC 

Los trabajadores del INDEC, nucleados en ATE, alertaron que esta medida atenta contra la autonomía del organismo. Según el gremio, el nuevo indicador —que contempla una canasta de consumo más actualizada— es fundamental para reflejar el impacto real de los precios en los hogares. 

“No hay un argumento técnico, hay un argumento político”, señalaron referentes del sector, advirtiendo que la renuncia de funcionarios clave en el área de estadísticas siembra dudas sobre la transparencia de los datos oficiales futuros. 

Impacto en las paritarias

El rechazo de ATE se da en un contexto de negociaciones salariales estancadas. El sindicato ya había calificado de «insuficientes» las últimas propuestas del Ejecutivo (que rondaron el 2% para inicios de 2026) y exige que se mantengan las cláusulas de actualización automática basadas en la inflación real. 

Con la suspensión del nuevo IPC, el gremio sostiene que se busca:

1-Manipular a la baja las paritarias del sector público.

2-Dilatar la recomposición salarial ante el aumento del costo de vida.

3-Imponer un techo salarial por debajo de la inflación acumulada. 

    Plan de lucha y movilización

    Ante esta situación, ATE ha ratificado su participación en la jornada de protesta y movilización nacional prevista para el próximo 11 de febrero. Las asambleas en los organismos públicos se mantienen en estado de alerta, y no se descartan nuevas medidas de fuerza si el Gobierno no retoma la senda de la actualización técnica y salarial acorde al IPC. 

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